La norma, que aún debe ir a la Cámara de los Comunes, prevé un sistema aún mas radical que el francés. Los propietarios de derechos de autor podrán exigir a los ISP que envíen notificaciones a sus usuarios que hayan descargado archivos protegidos. Las entidades de gestión sólo tendrán que facilitar las direcciones IP sospechosas. La industria cultural también podrá pedir listas de infracción de la propiedad intelectual con un informe de descargas por usuario. Con esta información, podrá iniciar una demanda contra él.
"Los derechos del pueblo están en peligro", dijo el director del Open Rights Group . "La Ley no exige ninguna prueba antes de imponer un castigo tan duro a los acusado de infringir los derechos de autor", añadió. Para este activista, la norma también "abre la puerta a un aumento de poderes sin el escrutinio democrático". A los usuarios deconectados sólo les quedará la posibilidad de acudir a los tribunales para revertir la desconexión. Open Rights Group y otros colectivos ha convocado una manifestación de protesta para el próximo miércoles bajo el lema "Stop a la desconexión".
No hay comentarios:
Publicar un comentario