El acuerdo en torno al cual giró la consulta pretendía que los contribuyentes islandeses pagaran a los ahorristas ingleses y holandeses 3.900 millones de euros en depósitos que habían perdido cuando el sistema bancario islandés se hundió en 2008.
Los gobiernos del Reino Unido y Holanda se hicieron cargo de esos depósitos, y ahora le reclamaban al gobierno islandés la devolución.
Los defensores del “No” sostenían que era injusto imponer una factura tan elevada -casi 100 euros mensuales por habitante durante ocho años- a un país arruinado por el hundimiento de sus tres principales bancos.
Lea el artículo completo
No hay comentarios:
Publicar un comentario